Denuncian que empresa efectuó -en temporada estival- 8 descargas de aguas servidas al afluente, que superaron la normativa de mil metros cúbicos.
La Asociación de Consumidores y Usuarios del Sur (CDS), la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de Temuco y dirigentes vecinales sostuvieron una importante reunión con la seremi de Salud, Gloria Rodríguez, debido a la acusación realizada por la Comunidad Hueche Huenulaf, que denunció a Aguas Araucanía de efectuar en temporada estival ocho descargas de aguas servidas al Río Cautín que superaron la normativa de mil metros cúbicos.
En el encuentro participaron integrantes de la comunidad Hueche Huenulaf y la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Temuco, quienes plantearon a la autoridad su preocupación por la ilegalidad constante con que opera la mencionada empresa, específicamente la planta de tratamiento ubicada en el kilómetro 8 ruta Temuco – Labranza, que efectuó durante febrero y abril de este año 8 descargas de aguas no tratadas que superaron la normativa medioambiental por sobre los 32 mil metros cúbicos, información que fue entregada por la propia empresa a la Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Problemas ambientales y sanitarios
En la ocasión, Mario Jiménez, dirigente de la comunidad Hueche Huenulaf -vecina a la planta de tratamiento donde se efectuaron los baipás- explicó la serie de problemas ambientales y sanitarios con que deben lidiar, sobre todo lo respectivo a los olores que afectan directamente la calidad de vida de los habitantes del sector.
Por su parte, Richard Caamaño, presidente de CDS, efectuó un llamado a la Superintendencia del Medioambiente -organismo que puede sancionar a la compañía de agua potable- y a su vez valoró el apoyo de la Seremi como ente fiscalizador, quien ratificó la ilegalidad de estas descargas no tratadas al principal afluente de Temuco.
“Esperamos que la Superintendencia de Medioambiente, cumpla y sancione por cerca de 10 mil millones de pesos, que es la máxima multa que podría caer a la empresa por no cumplir con la normativa. También destacamos la labor de la Seremi de Salud como ente fiscalizador que permanentemente ha cursado sumarios sanitarios y a su vez por sus declaraciones donde respalda nuestra acusación que ni los baipás ni los aliviaderos de tormenta operan legalmente”, dijo.
Una vez concluida la reunión, Caamaño manifestó que como asociación seguirán fiscalizando y amparando sus acciones bajo las resoluciones legales de la ley de transparencia para formalizar las denuncias directamente ante la Superintendencia del Medio Ambiente.