Fiscalía de Tarapacá ofreció a Augusto Cárdenas y Álex Choque la suspensión del procedimiento con la condición de abandonar inmediatamente el país. En el caso de José Fernández, le propuso un juicio abreviado. Los tres rehusaron los ofrecimientos.
Los tres soldados bolivianos detenidos el 25 de enero pasado por ingresar al país con un fusil de guerra rechazaron este lunes las salidas alternativas que les ofreció la Fiscalía Regional de Tarapacá y decidieron ir a juicio. Los tres esperarán en libertad esta instancia en Iquique, en el domicilio del diputado Hugo Gutiérrez.
La decisión de los soldados prolongará el conflicto diplomático con Bolivia, debido a que el presidente Evo Morales ha endurecido sus declaraciones contra Chile por este caso, el que el mandatario altiplánico incluso llevó a la ONU. Las autoridades chilenas esperaban este lunes una solución definitiva, pero ésta no se dio.
En la audiencia que se realizó en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, el fiscal regional Manuel Guerra propuso la suspensión del procedimiento para Álex Choque Quispe (20) y Augusto Cárdenas García (18), con las condiciones de salida inmediata del territorio nacional y prohibición del ingreso al país en un periodo de un año.
En el caso de José Luis Fernández Choque (18), quien portaba un fusil FAL calibre 7.62 al momento de cruzar la frontera, el fiscal le ofreció juicio abreviado que habría tenido una posible pena de 3 años y un día de cárcel remitidos. De ser condenado, la pena, según el fiscal, se podría sustituir por la medida de expulsión del país.
Momentos de confusión
Tras escuchar a la Fiscalía, la defensa de los soldados solicitó un receso para explicar los ofrecimientos y tomar una decisión. Al reanudarse a la audiencia, el juez Rodrigo Hernández preguntó a cada uno qué había resuelto, momento en que se produjo una confusión, porque los soldados no entendieron los conceptos jurídicos.
En el caso de Cárdenas, primero dijo que sí aceptaba la salida condicional, pero después se arrepintió cuando escuchó que Choque la rechazaba. Tanto el juez como el abogado defensor Roberto Celedón volvieron a preguntarles de manera muy simple si deseaban terminar hoy con la investigación o si querían que siguiera. Ambos optaron por esto último.
Por su parte, Fernández rechazó el juicio abreviado. El abogado Celedón dijo que lo mejor en su caso es ir a un juicio oral con todas las garantías e insistió en su inocencia. Afirmó que Fernández Choque cruzó la frontera involuntariamente y que no tenía conciencia de que estaba en territorio chileno. “Si hay que ir a juicio, que sea uno ordinario”, dijo.
Fiscalía no insistió en prisiones preventivas
Tras conocerse las decisiones de los imputados, el fiscal Guerra sorprendió al no insistir en las prisiones preventivas de los tres soldados y solicitar el arresto domiciliario total de los conscriptos, pero en un lugar que no fuera el del cónsul boliviano ni en una recinto eclesiástico, por tratarse de recintos que tienen inviolabilidad.
La defensa se opuso y solicitó la libertad de los tres conscriptos, sujeta a medidas de cautela, para lo cual ofreció las dependencias de la Pastoral de Inmigración, que no es un recinto eclesiástico, explicó el abogado Celedón o como alternativa el domicilio del diputado Hugo Gutiérrez, que tampoco está sujeto a inviolabilidad.
El juez Hernández rechazó el arresto domiciliario total para los tres y sólo concedió el arresto nocturno en el caso de Fernández Quispe, quien deberá cumplirlo entre las 22 y 6 horas en la casa del parlamentario en Iquique, en calle José Francisco Vergara. En el exterior se ubicará una patrulla de Carabineros que fiscalizará el cumplimiento.
A Cárdenas y Choque los dejó en libertad, pero con arraigo nacional y firma semanal en la Primera Comisaría de Carabineros. También esperarán el juicio en la casa del diputado Gutiérrez. El juez explicó que no concedió el arresto domiciliario total porque se trata de una medida exagerada, tomando en cuenta las bajas penas asignadas al ilícito.
Al término de la audiencia, el fiscal Guerra dio por cerrada la investigación de este caso en que los tres soldados están imputados por el delito de porte ilegal de arma de guerra y munición. En esta instancia, el fiscal debía decidir si se desistía del caso, si ofrecía salidas alternativas o si derechamente los llevaba a juicio oral.