Tribunal constitucional acogió a tramitación requerimiento. Presidente de La República deberá esperar pronunciamiento del Tribunal Constitucional para su eventual promulgación.
El Tribunal Constitucional acogió a tramitación el requerimiento por inconstitucionalidad en contra de la Ley de Pesca presentado por senadores de Oposición. Junto con ello, se ofició al Presidente de la República para que se abstenga de promulgar esta ley mientras no se resuelva el fondo del requerimiento.
El senador Eugenio Tuma explicó que se busca revertir la discriminación en contra de los pueblos originarios en particular contra los mapuches lafquenches que habitan el borde costero del sur de Chile, ya que durante la tramitación de este proyecto, no se respetaron las normas del Convenio 169 que impone al Estado la obligación de realizar consultas y de proteger los derechos de estos pueblos.
Es por ello que durante la presente semana el parlamentario se reunió con dirigentes del sector y con los alcaldes de las comunas de Tirúa y Puerto Saavedra, quienes manifestaron su profunda preocupación por las consecuencias que traerá la llamada “Ley Longueira” para los lafquenches.
El senador Eugenio Tuma indicó que “a través de este requerimiento, quisimos hacer presente la abierta discriminación de la Ley de Pesca al negar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y sólo garantizar los derechos históricos de las empresas pesqueras, en el fondo, en la tramitación de esta ley el Gobierno vulneró los tratados internacionales que obligan a nuestro país en materia indígena”.
Las siete familias favorecidas
Agregó que “los mapuches lafquenches han sido discriminados en cuanto al acceso a los derechos. La cantidad de recursos que se entregan a las pesqueras agrupadas en siete familias es abismaste con respecto a la protección de los derechos de los pueblos originarios. Toda la Ley de Pesca y los beneficios entregados a los industriales está basada en un reconocimiento histórico a quienes durante los últimos 40 años están haciendo uso y han depredado los recursos marítimos y sin embargo a quienes ancestralmente han cuidado y protegido estos recursos se les excluyó”.
Tuma expresó que “esperamos que el Tribunal Constitucional resuelva a favor de los pueblos originarios, respete y considere sus derechos históricos sobre los recursos pesqueros y obligue a respetar el Convenio 169, con ello estaría sentando un precedente respecto al respeto de los Tratados Internacionales”, puntualizó.
El Tribunal Constitucional tiene un plazo de 10 días hábiles, contados desde este jueves 20 de diciembre para pronunciarse, plazo que se puede prorrogar por 10 días hábiles más por única vez.