La parlamentaria solicita al Gobierno poner urgencia al proyecto de ley que busca aumentar sanciones por vandalizar e incendiar recintos religiosos.
El año pasado, la senadora Carmen Gloria Aravena, en vista de los ataques a lugares de culto ocurridos en La Araucanía, junto a los senadores Carolina Goic (DC), Luz Ebensperger (UDI), Manuel José Ossandón (RN) y Kenneth Pugh (IND), presentó un proyecto de ley para aumentar las penas y sanciones frente a estos hechos y este domingo en la tarde, se pidió al Ejecutivo otorgar suma urgencia a este proyecto de ley.
“A un año de la presentación de este proyecto de ley, aún se encuentra en la Comisión de Seguridad Pública del Senado y no muestra ningún avance. Es por este motivo que le pedimos encarecidamente al Presidente Piñera, que tome en cuenta a gran parte de los chilenos que nos consideramos creyentes y que respetamos diversidad de credos y le otorgue suma urgencia a este proyecto”, sostuvo Aravena.
La parlamentaria, independiente pro-RN, explicó que estos hechos han ocurrido también en regiones, no sólo en el contexto de manifestaciones sociales, por lo que la iniciativa busca aumentar en un grado la pena a este tipo de delito, pasando de reclusión menor en su grado mínimo a reclusión menor en su grado máximo.
“Estos graves hechos de vandalismo también afectan a las regiones. Es así como La Araucanía, durante los últimos años, ha vivenciado una serie de ataques en más de 20 iglesias y capillas. Hubo atentados incendiarios en el Santuario San Sebastián Pircunche y la capilla Santa Joaquina, ambas de la comuna de Padre Las Casas, también en la capilla Padre Hurtado de Quepe, entre muchas otras. Asimismo, el templo evangélico de la Unión Cristiana, en Ercilla, también sufrió un atentado hace más de un año, lo que se suma al ataque a la iglesia evangélica de Victoria, en octubre del año pasado”, añadió Aravena.
El proyecto de ley propone aumentar penas frente al daño, destrucción y vandalización de cualquier tipo de lugares destinados al culto religioso reconocidos por el Estado, proponiendo una modificación al actual Artículo 139 del Código Penal, a fin de aumentar el grado de pena hasta 5 años de cárcel y multas de hasta 755 mil pesos.