El parlamentario comentó que son más de 16 mil estudiantes en el país y 500 en el caso de La Araucanía los que ven afectado su futuro académico.
“Este hecho da cuenta de las debilidades que siguen afectando al sistema de educación superior en Chile, que sólo queda en manos del mercado, frente a la nula presencia del Estado en un tema tan fundamental para el desarrollo de un país”, señaló el senador Eugenio Tuma al Consejo de Rectores de Universidades Chilenas ante el cierre de la Universidad del Mar.
El parlamentario comentó que son más de 16 mil estudiantes en el país y 500 en el caso de La Araucanía los que ven afectado su futuro académico.
“La educación no es un servicio de mercado, es la herramienta fundamental que tienen las familias para procurar el desarrollo de sus hijos, promover su desarrollo y bienestar futuro y no es posible que los alumnos y sus familias queden abandonados”, comentó el parlamentario, quien recordó lo sucedido con la extinta Universidad de Temuco el año 1999, donde se logró que la Universidad Mayor absorbiera a los alumnos y respetar aranceles y mallas curriculares durante un periodo de transición que permitió dar continuidad al futuro académico de miles de estudiantes en La Araucanía.
Por lo anterior, Tuma solicitó al vicepresidente del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi Cid, para que evalúen las alternativas que pueden ofrecer las universidades del Consejo para garantizar la continuidad de estudio de los alumnos.
Demanda colectiva
El cierre del Universidad del Mar, recordó Tuma, se fundamentaría en los resultados de las auditorías efectuadas por el Consejo Nacional de Educación que mostraría que la universidad no se ajustó a sus estatutos y abandonó el proyecto educacional. Por otra parte, el Sernac ha presentado una demanda colectiva frente a los abusos que la Universidad del Mar efectuó con sus alumnos a través de los contratos.
Por último, el parlamentario formuló un llamado al Gobierno a intervenir en este caso. “El Estado tienen la responsabilidad de garantizar la educación de todos los chilenos y cuando una institución ha defraudado la fe pública, se debe amparar el derecho de los estudiantes y sus familias a acceder a una educación de calidad”, concluyó el parlamentario.