Esta acción judicial surge a raíz de audios recibidos a través de un celular, cuando unidades municipales realizaban el mencionado operativo en la Plaza Dagoberto Godoy, más conocida como “Plaza del Hospital”.
El alcalde de Temuco, Roberto Neira concurrió a tribunales y presento una querella en contra de personas, ya individualizadas, quienes profirieron amenazas en contra de la autoridad comunal y de funcionarios y funcionarias municipales, mientras se realizaba un operativo de desalojo del comercio ambulante ilegal en el centro de la capital regional.
Esta acción judicial surge a raíz de audios recibidos a través de un celular, cuando unidades municipales realizaban el mencionado operativo en la Plaza Dagoberto Godoy, más conocida como “Plaza del Hospital”.
La autoridad comunal se reunió con el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, para solicitar su colaboración para agilizar los procesos vinculados al comercio ambulante, que se han transformado en siete querellas en lo que va de este año.
Al respecto, Neira señaló que como Municipalidad se está realizando un gran esfuerzo junto a funcionarios y funcionarias municipales para el control del comercio ambulante, quienes ejercen su labor en conformidad a su contrato y la ley.
“Esto viene a ratificar las mafias que se tratan de instalar en nuestra ciudad y tomar el control del espacio público, que pertenece a todos los temuquenses. Lo que pretendemos es una condena contra las personas que atenten contra la integridad física o amenacen a algún funcionario y funcionarios municipal”, indicó.
El alcalde también agregó que “hemos presentado al Concejo Municipal, un presupuesto extraordinario para la contratación de al menos 30 fiscalizadores. Esto está en análisis y espero que el próximo martes (hoy), tengamos los recursos necesarios para contratar más personal, a través del Código del Trabajo, por la Asociación de Municipalidades de Temuco y Padre Las Casas, esto, mientras no se apruebe la ley que permite la contratación de personal con responsabilidad administrativa a través del Código del Trabajo, directamente por las municipalidades”.
Por su parte, el fiscal Garrido explicó que el delito de amenaza contempla sanciones que parten de los 61 días y pueden aumentar dependiendo de agravantes, cuando se dirigen a autoridades, lo que estaría ocurriendo en este caso.
“Depende de diferentes factores, porque también hay que considerar los antecedentes anteriores de la persona que está sometida a una imputación de esta clase; en todo caso, son sanciones que pueden llegar hasta los tres años de privación de libertad, en términos generales”.
Garrido agregó que “hemos decidido abocarnos precisamente a este tipo de investigaciones, agilizando las que ya están en curso, para determinar quiénes son los responsables y solicitar las sanciones en su momento. Nuestra unidad de análisis criminal también está trabajando para detectar focos intelectuales, levantar investigaciones y pasar a la etapa de judicialización, solicitando las penas que corresponden por los delitos que puedan acreditarse”.
Dentro del control del comercio ambulante, también hay agresiones anteriores. Al respecto, se señala que una vendedora ambulante lanzó agua caliente al cuerpo de un fiscalizador, provocando daño físico. Posteriormente, la agresora pudo ser individualizada y los antecedentes fueron presentados a los Tribunales de Temuco.