De acuerdo a lo manifestado por los mapuches afectados, APRA es un grupo de ideología extrema, integrado por empresarios agrícolas y militantes de derecha, que ha tenido un discurso constante de odio, racismo, hostigamiento y ataque hacia el pueblo mapuche.
Cuatro comuneros mapuches pertenecientes a las comunidades Antonio Pichulmán y Juan Queupucura de la comuna de Padre Las Casas presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, luego de varias publicaciones de tipo racista y discriminatorias realizada por la “Asociación de Paz y Reconciliación en La Araucanía”, más conocida por la sigla APRA en redes sociales.
De acuerdo a lo manifestado por los mapuches afectados, APRA es un grupo de ideología extrema, integrado por empresarios agrícolas y militantes de derecha, que ha tenido un discurso constante de odio, racismo, hostigamiento y ataque hacia el pueblo mapuche.
Señalan que en esa misma lógica, “en incontables ocasiones han realizado declaraciones públicas, amparados en distintas redes sociales, en las cuales criminalizan a comuneros mapuches, acusándolos de violentistas y terroristas, lo que ha sido desechado en distintas causas judiciales con una clara connotación racista y xenófoba, cuyo último fin es crear un escenario que sólo contribuye a la represión y a la justificación de la violencia ejercida contra el pueblo nación mapuche”, sostienen.
En este contexto, el 2 de noviembre del año pasado, mapuches pertenecientes a las comunidades Antonio Pichulmán y Juan Queupucura se reunieron con la finalidad de entregar una carta a la familia Vallette, actuales poseedores del Fundo Huichahue, el cual se encuentra inscrito por título de merced a nombre de las comunidades antes mencionadas, quienes en la actualidad se encuentran reivindicando su territorio.
Dicha carta tuvo como objetivo expresar su preocupación y descontento frente al loteo del mismo Fundo Huichahue, para convertirse en un emplazamiento de proyectos inmobiliarios, a pesar del título de merced.
Al llegar las comunidades a las afueras del perímetro de la propiedad, se realizó una ceremonia Llellipun, en medio de la cual llegó hasta el lugar Patricia Vallette Gudenshwager, hija de los actuales poseedores del fundo. Los representantes de las comunidades intentaron instaurar un diálogo con la familia Vallette, pero ésta no accedió a recibir la carta. De paso, increpó de forma prepotente a los asistentes y tomó fotografías a los miembros de las comunidades mapuches participantes, en contra de su voluntad. Dichas fotografías fueron enviadas y posteriormente publicadas en la red social de APRA, como una “denuncia”.
La publicación (textual), señala: “…aproximadamente 40 violentistas están a la entrada del Fundo Huichahue Chico, Sector Millahuin. El dueño quiso salir del predio, pero no lo dejaron y fueron muy agresivos. Los dueños son personas de la tercera edad y hay mucho temor de que les causen daño”.
En dicha publicación se acusa de manera injustificada a los comuneros de “violentistas”, incitando un discurso de odio y racismo, vulnerando derechos fundamentales, tales como el derecho a la honra, a la vida privada y a la imagen.
Los denunciantes señalan que la publicación citada “dio paso (y fue permitido por APRA) a la expresión de comentarios de terceras personas que utilizan un lenguaje de odio y que promueven estereotipos y prejuicios negativos hacia las personas del pueblo nación mapuche”.
Todos estos argumentos fueron expuestos en la audiencia telemática de este martes, frente al Tribunal de Alzada temuquense, tras lo cual, la abogada y representante de las comunidades mapuches, Manuela Royo Letelier, enfatizó que se trata de “información falsa de los demandantes comuneros mapuches (…) propiciando palabras xenófobas y racistas a su perjuicio”, añadiendo que el recurso busca proteger “la honra y la privacidad de los recurrentes, en contra de esta agrupación, señalando que este tipo de publicaciones incitan al odio en la Región, al racismo y precisamente debemos buscar el respeto”.