La acción judicial busca perseguir las responsabilidades de los jefes de Carabineros de Chile en las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía uniformada a partir del 18 de octubre de 2019.
“La acción judicial apunta a perseguir la responsabilidad de integrantes del Alto Mando, activos o en retiro, quienes a juicio del INDH no llevaron a cabo las medidas eficaces para poner freno a lo señalado anteriormente, a pesar de la información con la que contaban, en gran medida proporcionada por el propio INDH.”, señala el comunicado publicado la tarde de este martes en el sitio web del organismo.
La acción judicial busca perseguir las responsabilidades de los jefes de Carabineros de Chile en las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía uniformada a partir del 18 de octubre de 2019.
En el texto sostienen que “en particular, estas omisiones derivaron en numerosas denuncias por lesiones oculares producto de la utilización de la escopeta antidisturbios y de la carabina lanza gases, así como en reiterados casos de desnudamientos forzosos cometidos al interior de comisarías, los que constituyen violencia sexual”.
Finalmente, concluyen que “el Consejo del INDH pretende contribuir a que se establezca la verdad y se sancione a los responsables de dichas conductas delictivas, en el marco de un debido proceso propio de un Estado democrático de derecho como el que nos rige”.
Una serie de informes de organismos internacionales condenaron las masivas violaciones a los Derechos Humanos, apuntando directamente a la cuestionada policía uniformada.
En octubre de 2021, Amnistía Internacional presentó un informe titulado “Responsabilidad penal por omisión de los mandos con ocasión de los crímenes cometidos durante el estallido social”, donde analizó la responsabilidad penal de los mandos de la policía chilena sobre los crímenes involucrados en el control del orden público, enmarcado en el lanzamiento de otro trabajo llamado “Policías bajo la lupa: cinco claves para la supervisión y la rendición de cuentas de la policía en las Américas”.
El texto fue presentado al Ministerio Público, facilitando antecedentes y análisis en las investigaciones en trámite y venideras contra funcionarios de Carabineros.
Entre las conclusiones elaboradas por el organismo internaciones, se encuentran que los antecedentes disponibles permiten exigir responsabilidad penal a las autoridades y mandos de las instituciones que se vieron involucradas en el resguardo al orden público, señalando el carácter de actuación por omisión.
Asimismo, el trabajo indica que los crímenes cometidos por agentes del Estado dan cuenta de “diversas conductas típicas individuales o grupales, por parte de personal de Carabineros, cometidas dentro de un determinado contexto político – social y temporal y que dan cuenta de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la institución”.
De esta forma, la omisión deliberada de los mandos de la institución ha sido acompañada de un “discurso que asegura o promete la impunidad”, el cual aún se mantiene vigente a pocos días de conmemorarse el segundo aniversario del inicio del Estallido Social.
Por su parte, en septiembre de 2020 la Contraloría General de la República inició un sumario contra siete generales, en base a una circular interna de Carabineros que establece la responsabilidad legal en “los mandos llamados a dictar órdenes, supervisar y/o controlar la legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de esta por parte de los subalternos”.