Será en la primera semana de junio cuando se conocerá la información en su totalidad y comenzar a aclarar este innecesario enredo en que el Gobierno de Boric se metió solo.
El 15 de septiembre de 2022, el medio Interferencia publicó un reportaje titulado “FBI pide testimonio de Lucía Dammert por caso de narcotráfico que involucra a ex zar antidrogas de México, a quien ella asesoró por 6 años”, en que daba cuenta que la Fiscalía norteamericana acusaba a Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública durante el derechista gobierno mexicano de Felipe Calderón (2006-2012), de colaborar con el Cartel de Sinaloa y que en estas pericias solicitó que Lucía Dammert declarara como testigo, al haber trabajado como su máxima asesora en temas de Seguridad.
Lucía Dammert laboraba entonces como jefa de asesores en el “Segundo Piso” de Gabriel Boric en La Moneda, por lo que el mismo día fue anunciada su salida del cargo por parte del Gobierno, no obstante, desmintieron tajantemente la información publicada, difundiendo un comunicado donde señalan haber consultado al Gobierno de Estados Unidos “por medios oficiales” y que les habrían señalado que aquello no era tal.
“El Gobierno de Chile ha consultado al Gobierno de Estados Unidos, por medios oficiales, respecto de la veracidad de los hechos descritos en la publicación del medio de comunicación Interferencia. Luego de recibir respuesta al mencionado requerimiento, el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU.”, indicaba la misiva.
También puedes leer que el “Gobierno no habría realizado solicitud de información a EE.UU. que utilizó para desmentir publicación de Interferencia sobre Lucía Dammert
Por ello es que la periodista Laura Landaeta, coautora del reportaje, junto a Diego Ortiz y Victor Herrero (director del medio), solicitó vía transparencia al Ministerio de Relaciones Exteriores para pedir la información en cuanto a cómo se había desarrollado esa supuesta comunicación oficial con el Gobierno de EE.UU. y los registros, desde donde indicaron que no habría ocurrido en su cartera, sino que desde la Presidencia.
Con esto acudió a la Subsecretaría General de la Presidencia para requerir esta información, donde respondieron que ellos no habían hecho nada. Por ello es que acudió al Consejo para la Transparencia e interpuso un amparo, que resuelto favorablemente para la periodista el pasado viernes 19 de mayo, el que establece un plazo de 14 días para entregar todo lo solicitado.
Consultada por el medio Resumen, Landaeta señaló que “Yo le pedí al FBI, con la ayuda de un amigo, que me expliquen si existe la posibilidad que ellos hayan entregado información relacionada con un caso que está en juicio de manera formal a un Gobierno. La respuesta fue contundente, porque el FBI tiene estatutos de transparencia y estos dicen que jamás se le puede entregar información a alguien sobre un proceso judicial que está abierto y si alguno lo hiciera, podría ser incluso considerado como un acto de traición. El mismo FBI señala que no pudo haber sido posible que eso ocurriera”.
Además, indicó que hay cosas que le parecen preocupantes. “El hecho que estén negando la información, de que una administración pública diga que la otra lo hizo y que ésta diga ‘no sé de lo que me están hablando’ es grave. Además, de comprobarse que esa comunicación nunca ocurrió, significaría que ocuparon canales del Estado para mentir y para perjudicar el trabajo de profesionales”.
En este mismo sentido, el medio de comunicación independiente Fast Check CL, publicó en noviembre pasado que solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Ley de Transparencia “esclarecimiento de los medios oficiales por los cuales el Gobierno de Chile requirió al Gobierno de Estados Unidos entregar información respecto al artículo de prensa del medio digital Interferencia sobre la exjefa de asesores de la Presidencia de la República, Lucía Dammert”, así como el “nombre completo de las personas involucradas en dicha gestión diplomática y la respuesta oficial del Gobierno de Estados Unidos de manera documentada (entiéndase e-mail, comunicado u otros)”.
Como respuesta, el citado medio consigna que “tras el cumplimiento formal de 20 días hábiles para una respuesta, más una prórroga de 10 días hábiles extra, el Minrel respondió a nuestra solicitud indicando que las ‘comunicaciones fueron transmitidas por vías verbales’.
Ante esto, confirmaron que ‘no existen registros de actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos o acuerdos, ni en ningún otro soporte, que versen sobre la materia consultada’.
Asimismo, señaló que no existe ninguna mención de las personas involucradas en el supuesto requerimiento al Gobierno estadounidense.
Finalmente, será en la primera semana de junio cuando se conocerá la información en su totalidad y comenzar a aclarar este innecesario enredo en que el Gobierno de Boric se metió solo.