El diputado Leonardo Soto, hizo ver que “en la carta no hay ninguna línea que diga que ellos van a colaborar para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos y en esas condiciones evidentemente no pueden, como quieren, tener beneficios procesales”.
Cerca de 30 oficiales condenados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Pinochet asumieron públicamente su responsabilidad de mando y pidieron a las autoridades judiciales y políticas que tengan “conmiseración” hacia sus subalternos presos por violaciones a los derechos humanos.
(Conmiseración: sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento de alguien).
A través de una carta leída, a modo de vocería, por el diputado de extrema derecha, Gonzalo de la Carrera, en el Hall de la Cámara Baja, 27 exmilitares plantearon que suboficiales, soldados conscriptos y empleados civiles sólo cumplieron órdenes de superiores, quienes, dijeron, siguen guardando silencio.
“Reconocemos que, en el cumplimiento de nuestros deberes y en la forma como lo entendíamos en esa época, muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los Derechos Humanos, con graves consecuencias. A no dudar, ello fue reflejo de una formación que daba más importancia a la obediencia que al respeto por el que se consideraba adversario, lo que se cita como dato para su comprensión y no como justificación”, apuntaron.
En ese sentido, “hemos esperado 33 años para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos”, reprocharon.
“No correspondiéndonos”, manifestaron, “a partir de ello venimos hoy en asumir la responsabilidad de sus actos, como consecuencia del pávido silencio de aquellos que, investidos de sus grados y cargos, no han tenido la grandeza de hacerse cargo de las órdenes que impartieron a sus subordinados”.
Y acá viene lo que los criminales solicitan: “Por lo mismo, en este acto solicitamos para los suboficiales, clases, soldados y empleados civiles, la conmiseración del poder político y judicial, mediante las medidas necesarias, jurídicas o administrativas, para que puedan volver a estar junto a sus seres queridos”, exhortaron.
Desde el oficialismo, diputado Jaime Araya, jefe de la bancada PPD, tachó la carta como “una verdadera provocación a la memoria de tantas familias que sufrieron, me parece que es faltarle el respeto al Estado de derecho; esto (las condenas) no es la venganza de nadie, es lo que decidió el Poder Judicial de nuestro país se cumpla a cabalidad”.
“Además, me parece una provocación que sea leída en este Congreso Nacional”, enfatizó.
A su turno, el diputado socialista Leonardo Soto hizo ver que “en la carta no hay ninguna línea que diga que ellos van a colaborar para esclarecer el paradero de los detenidos desaparecidos y en esas condiciones evidentemente no pueden, como quieren, tener beneficios procesales”.