La decisión de la CIDH servirá como un ejemplo regional de reparación para las víctimas de dictaduras y de sanción a los culpables.
Dos semanas después de conmemorarse el 51° aniversario del golpe de Estado en Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno por la reducción de sentencias a responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Este fallo representa un precedente importante para la región, al tiempo que es un emblema en la lucha por justicia, tanto para las víctimas directas de los asesinatos y desapariciones forzadas, como para sus familiares, quienes lucharon durante décadas.
El caso conocido como Vega González y otros versus Chile, abarca 14 procesos penales relacionados con estos crímenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionó a la Corte Suprema de Justicia de Chile por haber aplicado el recurso de “prescripción gradual” o “media prescripción”, previsto en el Artículo 103 del Código Penal chileno, a través del cual entre 2007 y 2010 se redujeron las penas de los responsables durante la revisión de sus condenas. Esta medida facilitó que muchos de los criminales quedaran en libertad. “Este recurso actuó como un factor de impunidad, incompatible con las obligaciones del Estado de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad”, afirmaron desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su fallo.
El tribunal, con sede en la ciudad costarricense de San José, indicó que esta acción del Estado de Chile violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección legal de 49 víctimas, además de afectar el derecho a la integridad personal de 99 familiares. Las organizaciones representadas en este fallo son la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y la Agrupación de Familiares de Detenidos de Parral.