El fiscal nacional indicó además que se abrió una investigación por falsificación de instrumento público y por obstrucción de la justicia contra quienes resulten responsables de haber manipulado información.
El fiscal nacional, Jorge Abbott, confirmó que funcionarios de Carabineros presentaron pruebas falsas en el marco de la “Operación Huracán”, que implicó la detención de varios comuneros mapuches ligados a la Coordinadora Arauco Malleco.
El jefe del Ministerio Público detalló que se trató de información surgida de la Ley de Inteligencia, con cuyo origen la Fiscalía no tuvo relación, y calificó la situación como “irregular, gravísima e inédita”, porque significa “alterar pruebas”.
Por tal motivo, en consideración que los antecedentes entregados por Carabineros “adolecen de irregularidades”, el fiscal regional de La Araucanía decidió cerrar la investigación por la mentada y mediática “Operación Huracán”, medida que ya fue informada al Gobierno.
Jorge Abbott habló así en un punto de prensa sólo horas después de conocerse que el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, presentó una querella denunciando el montaje de los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar).
El fiscal nacional indicó además que se abrió una investigación por falsificación de instrumento público y por obstrucción de la justicia contra quienes resulten responsables de haber manipulado información.
Pericias comprobaron falsificación de pruebas
Abbott defendió de las críticas a la Fiscalía e insistió en que, por primera vez, se utilizaron pruebas obtenidas a través de la Ley de Inteligencia, donde el Ministerio Público no tiene el control “respecto del origen de la información que se incorpora a la investigación”.
En ese marco, el fiscal nacional explicó que solicitaron a Carabineros que entregaran información básica respecto de las pruebas presentadas, algo que no pudieron hacer.
“Al no tener respuesta, se hizo una pericia a los teléfonos incautados durante la detención de estos ocho ciudadanos y se ha podido determinar -a través de una pericia hecha por peritos de la Fiscalía como por peritos externos- que se habrían incorporados, con posterioridad a la incautación de los teléfonos, la información en ellos contenidos y que fue la que sirvió de base a la denuncia, lo que constituye claramente una irregularidad”, detalló Abbott.
En ese marco, recalcó que “este es un hecho absolutamente aislado” y que ocurre fundamentalmente, porque el Ministerio Público no tuvo injerencia en el origen de los datos recibidos.
“Simplemente lo que tiene es la información que se entrega por parte de la Policía”, añadió.