Durante las últimas semanas, el país se ha ido imponiendo de la gravísima situación que se vive al interior del Ejército, con el destino que tienen los cuantiosos fondos que anualmente recibe producto de la Ley Reservada del Cobre.
La gravedad e implicancias de lo hasta ahora conocido, imponen al Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos de Temuco, Cinprodh, la obligación de fijar una posición ante ello.
1.- Lo que ha estado denunciando el diario online The Clinic, respecto de esta vergonzosa y repudiable situación, tiene el gran mérito y valor de informar al país dando a conocer una muy grave realidad, en la que se configuran la comisión de una serie de delitos, tales como defraudación, cohecho, soborno, malversación de fondos, entre otros, cometidos con dinero pertenecientes a todos los chilenos.
2.- No obstante la gravedad que tienen los hechos denunciados, por los montos que alcanzan, pues se sabe que las defraudaciones se cifran en millones de dólares, que se habrían comenzado a cometer en el año 2011, constituyéndose para mejor operar, una red de corrupción al interior del Ejército. Por el número de militares y civiles implicados, desde generales a cabos, lo que más preocupa, indigna y se rechaza de modo categórico, además de condenar sin matices los delitos en sí, es el manto de silencio oficial que se constata frente a ellos.
3.- Ante este inaceptable silencio del Gobierno, del Parlamento y del comandante en jefe del Ejército, todos en conocimiento hace ya tiempo de esta realidad, surgen incontenibles legítimas interrogantes y dudas. Si este comportamiento de quienes tenían la primera obligación de condenarlos y denunciarlos no tiene las características de la impunidad, exigimos de ellos un pronunciamiento categórico de rechazo y condena de este repudiable proceder. No hacerlo, significa dar sólido piso a esas legítimas dudas e interrogantes surgidas en seno de la opinión pública y dejar inequívocamente sentado que la clase política abdicó con cobardía de su responsabilidad de controlar y subordinar a las fuerzas armadas.
También refleja este episodio, una vez más, que las fuerzas armadas, por los niveles de autonomía con que actúan, definitivamente, no están subordinadas al poder civil. Se han erigido, en los hechos, de modo inquietante e inaceptable, en el cuarto Poder del Estado.
4.- Emplazamos a aquellos que recurrentemente esgrimen un furibundo discurso de combate y condena a la delincuencia y de criminalización de la protesta social, en particular en la Región de La Araucanía, a que fijen públicamente, una clara posición frente a lo que sucede en el Ejército, pues hasta ahora, han guardado un hermético y comprometedor silencio. Este enmudecido y criticable comportamiento nos hace suponer, legítimamente, que para ellos al delincuente con uniforme le corresponde otro trato, un trato preferente.
5.- Lo conocido de este escandaloso y vergonzoso episodio conocido como el “Milicogate”, es gracias al rol de la prensa alternativa, ya que la de propiedad del duopolio El Mercurio y La Tercera, nada informa. Demuestran estas revelaciones que los millones de dólares defraudados han sido gastados en fiestas, regalos, propiedades, caballos, viajes, casinos, cirugías plásticas, traspaso de fondos a familiares de ex agentes de la CNI, entre otros. Tan sólo uno de los involucrados, un cabo, gastó en apuestas en un casino, por más de 2 millones 400 mil pesos.
6.- Ante el hecho que la Justicia Militar haya abierto un proceso con el fin de “investigar” el origen de las filtraciones de este caso al diario The Clinic, razón por la cual ya han tenido que declarar su propietario y representante legal, Pablo Dittborn; Patricio Fernández, director y Andrea Moletto, editora, entregamos nuestro apoyo, solidaridad y reconocimiento a estos profesionales, por cuanto queda claro que este pretendido proceso no tiene otro propósito que levantar una maquinaria acosadora sobre ellos y presionarlos, para inhibirlos en el ejercicio de su profesión e impedirles continúan informando a la opinión pública de este escándalo.
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, Cinprodh
Temuco, noviembre 4 de 2015.