Cabe señalar que Gabriel Boric no le pidió la renuncia, fue el mismo exoficial quien la presentó. El ahora exjefe de la policía civil le entregaba antecedentes reservados y/o secretos por Whatsapp al cuestionado abogado, Luis Hermosilla, sobre investigaciones penales en curso, incluyendo antecedentes en causas por lavado de activos.
La tarde de este viernes, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, presentó su renuncia tras un allanamiento realizado por el OS-7 de Carabineros en su domicilio y oficina. Este hecho se enmarca en el contexto de una investigación en curso por el conocido Caso Audios.
La Fiscalía Oriente fue la que solicitó las órdenes de entrada y registro, fundamentadas en los resultados del peritaje realizado al celular del cuestionado abogado, Luis Hermosilla.
Según lo informado por esta Fiscalía, se encontraron elementos que indican la posible comisión de delitos por parte de Sergio Muñoz, director general de la PDI.
Las infracciones que se imputarán al exdirector de la PDI están contempladas en el artículo 31 de la Ley 19.913 y el artículo 246 del Código Penal. Estos cargos serán presentados oficialmente en la audiencia programada para el próximo martes 19 de marzo, donde se espera que se esclarezcan más detalles sobre la situación.
En resumen, el director general de la PDI le entregaba antecedentes reservados y/o secretos por Whatsapp a Luis Hermosilla sobre investigaciones penales en curso, incluyendo antecedentes en causas por lavado de activos.
La situación de Muñoz se ve aún más agudizada, luego que el Consejo de Defensa del Estado presentara esta misma tarde una querella criminal en su contra.
En el comunicado, se indica que el organismo va a participar en la audiencia de formalización como representantes del Estado y que ellos presentaron la querella por tratarse de hechos que revisten la máxima gravedad, esto, a propósito que se habría entregado información que da cuenta de hechos constitutivos de delitos.
Comunicado de la PDI
Ante estos acontecimientos, la PDI emitió un breve comunicado, donde expresaron que “la institución y el director general, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos”.
Añade que “como institución permanente del Estado de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el país”, finalizaron.