Desde la reinscripción de los partidos y el sinceramiento de sus padrones, pasando por restricciones y exigencias para los funcionarios públicos, la Mandataria anunció que en septiembre “daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía” para tener una nueva Carta Magna.
A 49 días de que le diera al Consejo Asesor contra el Tráfico de Influencias, los Conflictos de Interés y la Corrupción, la tarea de elaborar propuestas tendientes a regular la relación entre el dinero y la política y sancionar las malas prácticas en esta materia, la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer drásticas medidas, varias de las cuales tendrán prioridad durante este año para su materialización, ya sea en proyectos de ley o vía administrativa.
“Son medidas severas, y algunos querrán resistirlas para que las cosas queden igual. Pero mi principio es claro: la democracia y la política son de todos y no podemos tolerar que sean capturadas por el poder del dinero”, señaló la noche de este martes la Jefa de Estado, en cadena nacional de radio y televisión, al detallar sus decisiones.
Aportes a partidos políticos y Servel
– Se transparentará completamente el financiamiento de la política, eliminando los aportes anónimos y reservados, y las empresas no podrán hacer donaciones de ningún tipo. La transgresión de estas normas, será considerada delito.
– Será el Estado el que financie el trabajo de los partidos. Para eso, tendrán que cumplir con exigencias y controles claros. Tendrán que reinscribir a todos sus militantes para sincerar los registros; tendrán que ser democráticos en su interior, tener contabilidad transparente y fiscalizada, dar espacio a nuevos líderes. “Ésta es una inversión necesaria para tener una mejor vida pública y mayor participación ciudadana”.
– Autonomía constitucional al Servel: Se fortalecerá al Servicio Electoral y al Tribunal Calificador de Elecciones, para que sean más autónomos y tengan reales capacidades de fiscalización y sanción para hacer respetar la ley.
Campañas electorales
– Regulación del financiamiento de las campañas electorales, reduciendo el gasto. Sólo podrá hacerse propaganda en zonas delimitadas y serán delito de cohecho los regalos de campaña y el pago de cuentas.
– Todos aquellos representantes elegidos que vulneren la confianza pública, no podrán acceder a cargos de elección popular y perderán sus escaños, como ya lo había anunciado anteriormente la gobernante.
Funcionarios públicos
– Se ampliará el rango de aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública para trabajar en el Estado, para que los que lleguen ahí, lo hagan por mérito y vocación. Y regularemos la capacidad del Gobierno de turno para designarlos y removerlos.
– Aumentaremos las exigencias y la fiscalización en el uso de los recursos públicos en el Ejecutivo y en los municipios, regulando también de manera más precisa, a aquellos que prestan servicios al Estado.
– Medidas severas para quienes busquen ganancias transgrediendo las normas éticas y legales.
Facturas y boletas
– Se llenarán los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas.
– Tipificaremos y sancionaremos el delito de corrupción entre particulares, tal como los pagos indebidos para obtener negocios.
– Regular y fiscalizar de manera estricta la relación entre la política y los negocios. “El Estado no es para hacer negocios, y los negocios limpios no se hacen usando impropiamente los recursos y facultades del Estado”, sostuvo la Mandataria.
Sector público y privado
– Se ampliará y reforzarán las inhabilidades e incompatibilidades para ingresar a la función pública. Ampliaremos el ámbito de la prohibición de contratación en el Estado, a parientes de las autoridades.
– Regular la “puerta giratoria” entre empresas y el servicio público, para impedir que autoridades y ejecutivos circulen sin límites entre ellas.
– Un registro público obligatorio de lobistas, para que todos sepamos quiénes representan intereses del mundo privado ante los que toman decisiones en el mundo público.
– Tenemos que evitar los negocios irregulares y especulativos. Nadie podrá sacar ventajas indebidas con los cambios de los planos reguladores.
– Ampliar significativamente la aplicación y el detalle de las declaraciones de bienes, intereses y patrimonio de los servidores del Estado.
Mejores leyes
La Presidenta recordó que esto último, se aplicará ahora, por ejemplo, a los consejeros de las instituciones públicas, a los fiscales, a los directores de las empresas del Estado, a los alcaldes, concejales y jefes de unidades claves municipales, a los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, y también a las o los cónyuges de las autoridades.
“Necesitamos, sin duda, mejores leyes y sistemas de fiscalización y sanciones efectivos para que la ley se cumpla realmente y no haya impunidad para nadie”.
Por ello, recalcó, su Gobierno mantendrá la suma urgencia a la creación de la Fiscalía de Alta Complejidad y al proyecto de modernización del Ministerio Público.
“Esa es la transformación más importante que debemos emprender. Y actuaremos decididamente en este ámbito”, dijo.
También, recalcó que “daremos un lugar central a la Educación Cívica, en valores y actitudes, a lo largo de la formación escolar. Todas las escuelas, universidades y centros de formación, deberán tener un programa sólido y explícito en formación cívica. Definiremos códigos éticos para todos los servicios públicos y para el mundo privado”.
También se creará la figura del defensor ciudadano, que se encargará de promover y defender los derechos de las personas, frente a los actos arbitrarios del Estado.
Plazos
Para llevar adelante el conjunto de medidas, Bachelet se auto-impuso un plazo de 15 días para implementar las medidas administrativas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al Parlamento.
“Pero partiremos trabajando ahora. A partir de mañana, daremos urgencia de discusión inmediata en el Parlamento a la Ley de Probidad y Transparencia, así como a la moción parlamentaria que termina con la reelección indefinida de senadores, diputados y otros cargos de elección popular”, indicó.
Nueva Constitución
Añadió que “la tarea que hoy emprendemos, se completará de manera natural con la redacción y aprobación de una Nueva Constitución.
Por eso, aprovechó la instancia para anunciar que en septiembre, mes de Chile, “daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental, plenamente democrática y ciudadana, que todos nos merecemos”.
Y añadió que “ésta será una de las reformas que marcará el legado de mi Gobierno y la voy a conducir personalmente, con toda mi energía y sin temor de ningún tipo. Porque sé que no habrá desarrollo, democracia, paz social, si no reconstruimos la confianza en nuestra vida pública”, concluyó.
Por nuestro medio asociado Nación.cl