Organización envía una carta abierta a Ángel Valencia, advirtiendo la posible intromisión indebida en la independencia de los fiscales, Xavier Armendáriz y Ximena Chong, y del deber ineludible del Estado de investigar, procesar y en su caso condenar a quienes hayan perpetrado violaciones de Derechos Humanos.
“La injerencia indebida y los múltiples ataques que han recibido los fiscales Armendáriz y Chong, quienes actualmente están liderando la investigación judicial contra el Alto Mando de Carabineros de Chile, ponen en grave riesgo dicha indagación y suma el desgaste de las cientos de víctimas que siguen esperando justicia. Proteger su autonomía es crucial para asegurar que los graves crímenes cometidos sean puestos en manos de la justicia”, expresa Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para el organismo es preocupante que esos hechos lamentables pudieran haber afectado la independencia del Ministerio Público y forzado un aplazamiento de la audiencia de formalización de dicha causa, que estaba prevista para este 7 de mayo.
“Nos llama la atención que el aplazamiento se produzca justo después del homicidio de tres oficiales de Carabineros, a una semana de la audiencia de formalización y en medio de múltiples intentos de los altos mandos por demorar dicha instancia. Este viraje repentino del Ministerio Público, conduce a pensar que el aplazamiento, lejos de tener un fundamento jurídico, habría estado motivado por presiones externas e injerencias indebidas”, afirma Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional Chile.
Añaden que en virtud de todo lo expuesto y dado el papel esencial que cumplen los y las fiscales en la vigencia del Estado de Derecho y especialmente en la responsabilidad adquirida para investigar y perseguir hechos delictivos, especialmente cuando estos constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas posiblemente por altos funcionarios del Estado, resulta importante -agregan- que el fiscal nacional, Ángel Valencia, como máxima autoridad del Ministerio Público, “garantice la autonomía e independencia de los y las fiscales, ignorando las presiones políticas que por un escenario concreto pudieran darse en el país y atendiendo únicamente a los principios del Estado de Derecho y de respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos”.