Entre los casos destacados figuran el senador Juan Castro Prieto (PSC), la diputada Ximena Ossandón (RN), el senador Fidel Espinoza (PS), el diputado Jaime Mulet (FRVS) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).
La destitución de la senadora Isabel Allende, acordada por el Tribunal Constitucional tras firmar un contrato de compraventa con el Estado para transferir una casa patrimonial vinculada a su padre, ha generado una ola de inquietud en el mundo político.
Aunque la sentencia aún no ha sido emitida formalmente, el precedente ya sacude al Congreso, donde parlamentarios y asesores legales revisan posibles casos similares que podrían derivar en nuevas solicitudes de cesación de cargos.
El Artículo 60 de la Constitución es muy claro y establece que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”, una norma que obviamente y hasta ahora era letra muerta. Pero con el Caso Allende, el Tribunal Constitucional marcó una línea que podría derivar en una avalancha de nuevas denuncias.
Un reportaje de The Clinic reveló una serie de parlamentarios que, a través de sociedades propias o familiares, han mantenido vínculos comerciales con el Estado. Entre los casos destacados figuran el senador Juan Castro Prieto (PSC), la diputada Ximena Ossandón (RN), el senador Fidel Espinoza (PS), el diputado Jaime Mulet (FRVS) y el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).
Los contratos van desde arrendamientos a la Junji, servicios de radiodifusión a municipalidades y sociedades accionistas de fintech que reciben pagos por instrumentos estatales. En todos estos casos, los vínculos con el Estado han generado dudas sobre la legalidad constitucional de sus cargos.
Expertos constitucionalistas consultados por el medio discrepan sobre el alcance de la norma. Algunos, como Flavio Quezada (PS), sostienen que la norma también podría alcanzar a familiares o socios por interpósita persona, mientras otros, como Arturo Fermandois (UDI), plantean una interpretación restrictiva que solo afectaría a quienes firman contratos directos con el Estado.
La falta de una sentencia escrita sobre la destitución de Allende mantiene en vilo al Congreso y al propio Tribunal Constitucional. Algunos ministros creen que incluso el fallo podría revertirse, lo que añadiría un nuevo ingrediente a la tensión que se vive en el Parlamento.