Daniel Del Castillo Ortiz, se refiere a la situación compleja que vive su defendida, quien acusa a su expareja, excarabinero, de violencia en su contra.
El texto dice lo siguiente:
En relación con la reciente publicación en medios de comunicación sobre nuestra representada, queremos manifestar lo siguiente:
Nuestra defendida está siendo objeto de una doble victimización por parte de las instituciones que, en lugar de brindarle apoyo, la han expuesto públicamente, afectando gravemente su honra y su derecho a la vida privada.
Desde hace años, nuestra representada ha sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su ex pareja, Hugo Jorquera Opazo, un ex funcionario de Carabineros, quien ha ejercido un hostigamiento constante en su contra, negándose a cumplir con sus obligaciones de pensión de alimentos y sometiéndola a amenazas reiteradas, así como a hechos concretos de violencia física y psicológica. Todo esto ha sido debidamente denunciado ante diversas instancias judiciales y administrativas.
Pese a la existencia de estas denuncias, la justicia no ha tomado medidas eficaces para protegerla, permitiendo que este individuo continúe con su campaña de acoso y desprestigio. Como parte de esta persecución, su expareja ha filtrado, sin su
consentimiento, imágenes de su vida privada, con el único propósito de dañar su integridad y estabilidad tanto personal como profesional.
En lugar de investigar la filtración ilícita de su intimidad y tomar medidas contra su agresor, el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía ha optado por exponerla públicamente y someterla a un sumario administrativo, basándose en una acusación infundada y malintencionada presentada por la apoderada Cristina Landerreche. Dicha denuncia la acusa de “difusión de material pornográfico a estudiantes del Liceo Claudio Arrau de la comuna de Carahue”, elevando su imagen a la categoría de pornográfica, sin que exista en su contenido actos de connotación sexual ni la configuración de delito alguno.
Se le pretende responsabilizar por hechos que escapan completamente de su control, ignorando que es una víctima de violencia sistemática por parte de su expareja.
Rechazamos categóricamente cualquier intento de criminalizar o estigmatizar a nuestra representada por su imagen y vida personal. Ella ha sido siempre una profesional íntegra y dedicada a su labor educativa. La filtración de sus imágenes y la tergiversación de los hechos han generado un ambiente de revictimización inaceptable, atentando contra sus derechos fundamentales y su dignidad como profesional, madre y mujer.
Exigimos que las autoridades pertinentes enfoquen sus esfuerzos en la investigación de las verdaderas infracciones cometidas: la violencia ejercida contra nuestra defendida y la vulneración de su privacidad por parte de su agresor. Asimismo, hacemos un llamado al respeto de su presunción de inocencia y a la protección de su vida privada, principios esenciales en un Estado de Derecho.
Lamentamos profundamente que, en lugar de recibir apoyo institucional frente a la violencia de género que enfrenta, se la castigue injustamente con medidas que no solo afectan su estabilidad laboral, sino también profundizan el daño emocional y social que ha sufrido. Es inaceptable que, en tiempos modernos y en un Estado que dice velar por la protección de las mujeres, se perpetúe este tipo de vulneraciones por el simple hecho de su identidad como mujer.
Nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes contra quienes han vulnerado su derecho a la privacidad y contra quienes han permitido su exposición injusta ante la opinión pública.
Equipo de Defensa